Contra la pobreza jurídica

Pobreza jurídica

La pobreza jurídica es una forma estructural de exclusión social que priva a miles de personas del acceso efectivo a la justicia, a pesar de vivir en sistemas democráticos con garantías legales formales. No se reduce a la imposibilidad de pagar a un abogado: es una pobreza más profunda, que se manifiesta en la falta de comprensión del lenguaje legal, en el miedo a las instituciones, en la ausencia de orientación accesible, en los vacíos de la asistencia jurídica gratuita y en la desconexión entre el ciudadano vulnerable y el aparato jurídico que debería protegerle.

Esta pobreza jurídica tiene rostro: el de la persona migrante que no entiende sus papeles; el de la mujer que sufre violencia y no sabe a dónde acudir; el del anciano solo frente a una notificación; el de la familia que pierde su casa sin haber tenido una defensa adecuada. Son situaciones cotidianas donde el Derecho no llega, o llega tarde, o llega en un idioma incomprensible. Y en esa ausencia, crece la injusticia.

Contra la Pobreza Jurídica

Combatir la pobreza jurídica no es sólo un imperativo técnico o político: es un deber moral. El Derecho pierde su alma cuando se convierte en privilegio de quien puede pagarlo. La justicia se vacía cuando no es accesible. Una democracia auténtica no puede tolerar que haya ciudadanos de primera —con abogados, asesoramiento, representación— y ciudadanos de segunda, que navegan solos por un sistema que no comprenden, y que a menudo les ignora o les aplasta.

Frente a esa realidad, el Economato Legal nace como una respuesta concreta y esperanzadora: un instrumento al servicio de la dignidad de los pobres, un puente entre los derechos y quienes más los necesitan. Su misión no es otra que poner el saber jurídico —profesional, ético, comprometido— al alcance de los excluidos. Con precios solidarios, con lenguaje claro, con trato humano, con presencia real.

El Economato no es una ONG ofrece justicia asequible. No suplanta al Estado; lo complementa donde éste no llega. No es una utopía; es una estructura profesional, transparente y comprometidae inspirada en la caridad humana, que devuelve al Derecho su vocación originaria: ser defensa del débil, límite del poder y garante de la igualdad.

Por eso, este proyecto no es un lujo, ni un experimento: es una urgencia. Y es también una esperanza. Porque cuando el Derecho se pone al servicio de los últimos, no sólo se transforma la vida de unos pocos: se renueva el pacto social entero.